Los actores del comercio electrónico se reúnen estos días en Barcelona en el marco de la 3ª edición del Global E-commerce Summit. Allí, un total de diez asociaciones nacionales y europeas, que representan más del 50% del comercio electrónico en Europa, han firmado una declaración común dirigida a la atención de las instancias europeas para expresar sus “profundas inquietudes” en lo relativo a la directiva de Derecho de los consumidores, y a las consecuencias negativas que la misma en el desarrollo del e-commerce en el viejo continente.
Las asociaciones firmantes de la declaración reclaman un enfoque equilibrado en el marco de la directiva y piden a las instancias europeas para que éstas reexaminen algunas de las medidas propuestas. Estas últimas pueden conducir a un nivel de cargas excesivo que puede poner en peligro la existencia de muchas empresas y provocar unos precios extremadamente elevados para los consumidores.
La industria del comercio electrónico europeo espera que el Parlamento europeo, la Comisión Europea y el Consejo de la Unión, que se han reunido ayer y hoy en Bruselas con el propósito de discutir sobre la directiva, escuchen la voz de miles de empresas del sector de toda la Unión Europea que participan en el desarrollo de la economía digital.
Las organizaciones firmantes se oponen, principalmente, a los artículos 16, 17 y 22 bis de la propuesta directiva. Uno de los efectos de estos tres artículos, es que una empresa podría verse obligada a pagar por el conjunto de bienes que han sido utilizados por el consumidor durante 28 días, reembolsando la totalidad de los costes para el cliente, incluso antes de que se pueda comprobar el estado de la mercancía.
Y es que las medidas, pueden acabar siendo contrarias a los intereses de los consumidores, debido a que tienen un impacto directo sobre el precio de los productos. Además, el coste anual de estas medidas se estima en 10 millones de euros al año. Muchas empresas, sobre todo de tamaño medio y pequeño, corren el riesgo de desaparacer, según el propio sector, ya que socavan varios principios fundamentales del derecho comunitario, en particular el de proporcionalidad, según expertos de derecho europeo.
