¿Cuál es en estos momentos la obligatoriedad de presentar y emitir factura electrónica en la administración pública y en la empresa privada de este país?
La obligatoriedad del uso de la factura electrónica en España para administraciones públicas viene marcada a través de la normativa europea 2014/55/UE, al igual que en el resto de los estados miembros. En nuestro país esta normativa se transpuso a través de la Ley 25/2013, que entró en vigor en 2015. Donde todos los proveedores de la administración pública están obligados a operar con factura electrónica. De igual manera los proveedores de los proveedores de las AAPP también están obligados a trabajar con factura electrónica. En el ámbito privado existen determinados sectores donde el uso de esta tecnología es usada masivamente, en algunos casos como el retail y automoción es imprescindible junto con otros documentos de la cadena de suministro (pedio, albarán confirmación de recepción de mercancía…).
Por lo que tengo entendido, en 2021, las empresas españolas, hasta la última tienda de chuches, tendrá que trabajar para todo con factura electrónica. En el País Vasco, esta medida se adelanta a 2020. ¿Es esto así?
Por el momento, en España no se ha establecido ninguna obligatoriedad en relación a la factura electrónica en el ámbito de la empresa privada. En Europa el enfoque de la obligatoriedad del sector privado es algo limitado, a diferencia de otras regiones como Latinoamérica donde la obligatoriedad es para todos los contribuyentes. Lo que sí es cierto es que el ejemplo de Italia ha alterado drásticamente esta situación de la obligatoriedad y el peso de la Agencia Tributaria en el proceso de emisión de la factura es mucho mayor.
Por otro lado, en la parte de la gestión de IVA sí que existe la obligación para el SII (Suministro Inmediato de Información), mediante la cual las empresas están obligadas a presentar los libros de registro del impuesto a través de la sede electrónica de la AEAT. La normativa establece un plazo de, tan solo, cuatro días para la remisión electrónica de la información desde la fecha de expedición de la factura, por lo que el uso de la e-factura para estos casos es altamente recomendable.
El ejemplo de Italia ha alterado drásticamente la situación
¿Hay un calendario de transición para las empresas privadas hasta 2021?
A diferencia de lo que ocurre en otros países europeos, como Portugal, en España no hay ningún calendario establecido para adoptar la obligación de la factura electrónica. Dentro del entorno B2B, en nuestro país solo están obligados a utilizar la e-factura los subcontratistas del estado. De momento la obligación no se ha ampliado a más empresas, a diferencia de lo que ha sucedido en Italia, donde todas las entidades privadas están obligadas a operar con facturas electrónicas.
Ustedes sacan estudios muy pormenorizados sobre la evolución del uso de la factura electrónica en España. En líneas generales, ¿cómo están las cosas a día de hoy?
En 2018, el volumen de facturas electrónicas alcanzó la cifra de 181.884.086 facturas, lo cual supone un incremento del 14,92% respecto del año anterior. Se espera que estas cifras sigan en aumento en los próximos años, puesto que, en la actualidad, en España estamos en un periodo de masificación de la factura electrónica. Desde el Gobierno se está impulsando el uso de la factura electrónica en la empresa privada. Esto se debe a los buenos resultados que la e-factura ha tenido en las contrataciones públicas. A nivel europeo, España es uno de los países pioneros en apostar por el uso de la factura electrónica en el entorno B2B, puesto que aumenta la eficiencia y se trata de un elemento clave en la transformación digital de las empresas.
En 2018, el volumen de facturas electrónicas alcanzó la cifra de 181,8 millones de facturas, lo cual supone un incremento del 14,9%
¿Qué va a suponer para la operativa de las compañías y en general para el tejido productivo del país la generalización de la factura electrónica?
La introducción de la factura electrónica supone una infinidad de beneficios tanto para las empresas como para el tejido empresarial del país. La e-factura es una pieza clave de la transformación digital de los negocios y sus efectos positivos también se notarán en el conjunto de la sociedad. Para comenzar, se reducen de forma muy considerable los costes. Con la adopción de la factura electrónica los costes de facturación se reducen en un 65% y los costes de gestión disminuyen cerca del 70%. Se eliminan totalmente los costes de almacenamiento, puesto que las empresas pueden prescindir perfectamente de los espacios destinados al archivo de las facturas.
Debido a que se trata de un proceso automatizado, la facturación electrónica elimina el 99% de los errores. Además, es respetuosa con el medio ambiente. No obstante, la percepción de la factura electrónica por parte de las empresas es paradójica. Pese a los enormes beneficios que presenta la e-factura, las entidades son un tanto reacias a los cambios logísticos que hay que llevar a cabo para incorporarla en sus procesos.
¿Y qué va a suponer para Hacienda? Entiendo que, por ejemplo, se podrá reducir el fraude fiscal, el dinero negro y tener un mayor control de la actividad productiva, ¿verdad?
Entre los muchos beneficios que tiene la factura electrónica también se encuentra el de la seguridad. La facturación electrónica se basa en un sistema muy seguro que disminuye la posibilidad de fraude y la falsificación de documentos. Incluye la huella digital, que registra los pagos y otras operaciones monetarias, ofreciendo una máxima trazabilidad. Dispone también de sellos o certificados digitales, irrepetibles y únicos que eliminan la posibilidad de falsificación y duplicidad de documentos. Efectivamente, la factura electrónica evita el fraude fiscal y ayuda a tener un mayor control financiero, por lo que no cabe duda de que es una buena herramienta de control tanto para Hacienda como para las empresas.
