Bien es sabido que la Administración electrónica (eAdministración) en las entidades locales ayudaría a agilizar los trámites con las empresas, reduciendo la burocracia administrativa y optimizando las gestiones, pero también, contribuiría a aumentar la transparencia en las adjudicaciones de sus concursos, siendo precisamente ésta una de las exigencias más demandadas por los ciudadanos, además de permitir un notable ahorro de costes. De hecho, por ejemplo, si los ayuntamientos y municipios españoles realizaran sus procesos de licitación de forma electrónica podrían ahorrar 2.167 millones de euros a lo largo de la próxima legislatura. Exactamente un 6,3% de los 34.595 millones que representaba su deuda viva al término de 2009, según el estudio ‘Implantación de la e-Licitación en los municipios españoles’, elaborado por Vortal con motivo de las próximas elecciones locales.
Y, aunque Vortal valora positivamente el apoyo expreso que las candidaturas municipales están confiriendo a la eAdministración en general, y la licitación electrónica en particular, también afirma que solo algo más del 1% de los cerca de 8.100 ayuntamientos españoles aplica a día de hoy la licitación electrónica para la gestión de las compras y servicios que sacan a concurso.
Una situación que, según Vortal, contrasta con los avances conseguidos por los países de nuestro entorno, “como Portugal, donde la contratación electrónica es obligatoria por Ley en todos los municipios desde el año 2009, o Francia, que ya ha extendido esta obligación a diversos tipos de compras”.
Porque la llamada eLicitación no solo traería ventajas de ahorro de costes a las administraciones y una mayor transparencia demandada por los ciudadanos, también, beneficiaría significativamente al tejido empresarial, pudiendo disfrutar de un aumento de la difusión de la apertura de concursos, de la sencillez en la elaboración de los trámites necesarios para que las empresas puedan presentar sus ofertas y de la seguridad de todo el proceso, empleando certificados digitales y sellos temporales para avalar todas las actuaciones de las compañías. Y es que, de acuerdo con las últimas estimaciones de Vortal, “nueve de cada diez licitadores que se presentan a los concursos públicos son precisamente autónomos o pequeñas y medianas empresas, lo que revierte positivamente en la dinamización de la actividad empresarial”.
