Los largos plazos de pago han sido históricamente una lacra de la economía española. Con la crisis, la demora en los pagos no sólo se extendió a pequeñas empresas con problemas financieros, sino también a la administración y a las grandes cuentas. Sin embargo, con la recuperación económica, los plazos se han acortado bastante, sobre todo en el sector público. Datos hechos públicos ayer por el Ministerio de Hacienda muestran que el periodo medio de pago a proveedores (PMP) del mes de junio se situó en 21,5 días para el conjunto de Comunidades Autónomas, lo que supone una reducción de 2,2 días con respecto al mes anterior.
Desde finales de 2014, las Comunidades Autónomas han reducido a la mitad el tiempo que tardan en abonar sus facturas. Además, es tres veces menos que el pico que tuvieron en noviembre de 2015, cuando necesitaba algo más de 60 días. Los organismos regionales se están beneficiando de la mejora del sistema de financiación público, pero también de las buenas condiciones crediticias que les ofrece el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), puesto en marcha por el Gobierno precisamente para favorecer el pago de vencimientos.
Lejos parecen quedar los tiempos en que las Comunidades llegaban a dejar en el cajón hasta dos años las facturas sin pagar, lo que hizo a muchos distribuidores de informática obligó a retirarse de proyectos y concursos en el ámbito autonómico. De todas formas, todavía incumplen el plazo de 30 días que establece la ley algunas comunidades. En concreto, son Cantabria (42 días), Comunidad Valenciana (44) y Murcia (50). Por otra parte, las mejores pagadoras son Galicia, donde la demora no llega al día, Navarra (algo menos de 3 días) y Andalucía (menos de 5 días).
