La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) señala que el plazo medio de pago del sector privado se ha reducido en cuatro días desde los 89 días de media del año 2014 a los 85 del ejercicio anterior. Se ha reducido, por tanto, el plazo medio de cobro un -4,5%, aunque manteniéndose lejos de los 60 días que establece la Ley 3/2004. En el sector público el plazo medio de pago se cifró en 75 días, un registro inferior (-8,5%) en 7 días al que se estimó para 2014, que fue de 82 días. Aunque son datos muy buenos, representantes de la plataforma convienen en señalar que la ley exige el pago a 30 y 60 días en el sector público y privado, respectivamente.
Comparados con febrero de 2015, explica la Plataforma, empeoran los datos de los ayuntamientos, que tardan un 32 por ciento más en pagar (85 días), y los de la Administración del Estado, que tarda un 8 por ciento más (47 días). Sin embargo, las Comunidades mostraron un mejor comportamiento, reduciendo su plazo medio de pago de 85 días a 72 (-16%).
No obstante, resulta interesante subrayar el ímprobo esfuerzo de las Administraciones por reducir de forma muy significativa los plazos de pago desde los 162 días de media de 2011 hasta los 75 días del pasado año. Menor recorrido han realizado las empresas del sector privado que se han quedado varadas los últimos años y no consiguen mover la cifra más allá de los 85 días frente a los 98 días de 2011.
Las empresas más grandes son peores pagadores con plazos medios de pago que pueden triplicar los máximos legales. “Estas empresas imponen sus condiciones y sus proveedores no disponen de medios efectivos para denunciarlos”, asegura Antoni Cañete, presidente de la plafaforma.
Resulta llamativo mencionar que el 94% de los proveedores no exigieron la indemnización legal por costes de recobro en caso de retraso o impago mientras que el 83% nunca o casi nunca exigieron a sus clientes morosos los intereses de demora. Tan sólo el 17% restante exigió intereses de demora aunque el 70% de las empresas conoce al dedillo la legislación y el 90% de los consultados (700 empresas) estaría a favor de implantar un régimen sancionador..
