El Gobierno acaba de anunciar que se amplían las garantías legales de los bienes de consumo de dos a tres años, lo que podría reducir las posibilidades de negocio del canal aunque redundaría en una mejor atención a los usuarios y consumidores. Además de esta ampliación el ejecutivo también ha modificado la normativa para incrementar de cinco a diez años el plazo en el que los fabricantes están obligados a disponer de piezas de repuesto. Estas nuevas medidas implican la armonización con leyes europeas similares y se aplican también para los productos adquiridos online.
La nueva ley entrará en vigor el 1 de enero de 2022 e impactará en la cuenta de resultados de muchos partners que hasta ahora estaban obteniendo importantes réditos por la venta de ampliaciones de garantía. Antes de la pandemia y del boom de la demanda de equipos de teletrabajo, Context ya aseguraba que las extensiones de garantía eran uno de los servicios más comercializados por los partners especializados en el sector de movilidad. Esta fuente de ingresos podría quedar seriamente tocada tras esta ampliación, aunque la Unión Europea ya habría advertido de la necesaria armonización con la normativa comunitaria. La ampliación de las medidas para proteger a los consumidores beneficiará a la economía circular que implica mejorar las condiciones del medioambiente y fomentar la lucha contra la obsolescencia programada.
Otra mejora introducida es que será el usuario el que deberá elegir si quiere reparar el producto o sustituirlo. Hasta la fecha, era la compañía la que decidía esto, pero a partir de 2022 el usuario tendrá 3 años para elegir. También conviene considerar que esta reforma de la ley de consumidores incluye los contratos de suministro de contenidos o servicios digitales entre los cuales se incluyen los programas, aplicaciones, archivos de video, audio, archivos de música, juegos digitales, libros electrónicos u otras publicaciones.
Otro aumento de plazo es el de prescripción para ejercer los derechos de no conformidad, que pasarán de tres a cinco años. También aumenta el plazo de inversión de la carga de la prueba para acreditar esa falta de conformidad, que pasará de seis meses a uno o dos años. Con ello, el usuario sólo tendrá que demostrar que el bien o el servicio no funciona conforme a lo acordado, sin necesidad de que haya que demostrar la falta de conformidad en el momento de la entrega.
