Eliminar duplicidades y reforzar la coordinación entre las Administraciones. Ese es el principal objetivo del Gobierno, que acaba de dar a conocer sus planes incluidos en el informe CORA. Mariano Rajoy daba a conocer esta mañana sus intenciones de “reducir gastos en aras de una mayor eficiencia de la Administración Pública, simplificar trámites, suprimir órganos o entidades innecesarias, agilizar procedimientos y mejorar la gestión de los medios públicos”.
Todo ello pasa por el desarrollo e impulso definitivo de la e-Administración. Y es que el primer beneficiario de las reformas según el presidente del Gobierno es el ciudadano, puesto que ha asegurado habrá “menos formularios, menos papeleos y menos ventanillas. A cambio, más agilidad y más facilidades y, por supuesto, menos costes y más ahorro”. También ha destacado la implantación de la historia clínica digital accesible desde cualquier punto de España para que “la sanidad siga al ciudadano y no que el ciudadano persiga a la sanidad”, y ha puesto el acento en la mejora de la Administración Electrónica.
Igualmente, ha aportado el dato de que una notificación postal cuesta 2,55 euros y una electrónica, 0,19, sugiriendo la obligatoriedad de instaurar la factura electrónica. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría también ha incidido en la voluntad de implementar la factura electrónica, de tal forma que los proveedores colgarán la factura que se les adeuda en un registro electrónico que estará siempre a la vista. “A pesar de los muchos intentos del anterior gobierno por impulsar la Factura Electrónica en las AAPP, la realidad es que no se han cumplido ni los plazos ni los objetivos” comenta Alberto Redondo, director de marketing de SERES, añadiendo que “creemos que la Reforma presentada ahora por Rajoy por fin supondrá el impulso definitivo y la puesta al día de nuestro país en este ámbito”.
Finalmente, Sáenz de Santamaría ha asegurado que el Gobierno va a reformar con la intención de reducir su tamaño aunque no el empleo, 57 organismos públicos, entre los que se encuentra la posible supresión de 90 observatorios autonómicos y estatales.
