El caso Verbatim de fraude de IVA sigue siendo noticia siete años después. Según publica hoy el diario El País, la Audiencia Nacional ha condenado a tres años de cárcel a cada uno a dos exdirectivos en España de la multinacional de los CD por un “delito continuado contra la Hacienda Pública”.
La sentencia recalca que durante años los responsables de Verbatim en España, propiedad del grupo japonés Mitsubishi, organizaron un sistema ficticio de exportación de consumibles con el propósito de eludir el pago de 3,2 millones de euros en concepto de IVA.
La Audiencia Nacional señala como cerebros de la trama al entonces director comercial de Verbatim para España y Portugal, Luis Fisas Elizalde, y al exjefe de ventas, Álex Lozano Quer, quienes “idearon un sistema para permitir la venta de los productos en España a un menor precio mediante la falta de ingreso de IVA”. Ambos directivos actuaron “por cuenta” de la compañía, por lo que ésta es responsable civil y está condenada a pagar los 3,2 millones de fraude si, como se supone, no lo hacen los exdirectivos que montaron la trama de fraude.
La sentencia llega siete años después de la denuncia de EGEDA a Verbatim, que fue presentada a la Guardia Civil. Hoy, Verbatim, marca de referencia en el mundo de los CD y DVD, no tiene ya filial en España –la liquidó por este caso- e importa el material que vende aquí desde Francia.
Según la sentencia, a la que ha tenido acceso El País, Verbatim simulaba ventas a Portugal, a sociedades sin actividad ni estructura –una de ellas estaba radicada en una “caseta rústica”, en operaciones exentas de IVA. Luego la mercancía teóricamente volvía a España a otras sociedades también fantasma que cerraban antes de liquidar el impuesto añadido. Es lo que se conoce como fraude tipo carrusel, algo que desgraciadamente no es nuevo en el sector informático.
Entre junio de 2008 y enero de 2009 la Agencia Tributaria destapó dos tramas de fraude en el IVA de alcance europeo que habían evitado el pago de 300 millones de euros en concepto de impuestos. Más tarde, en 2011, una redada de la Policía Nacional implicaba a 20 personas que habían supuestamente defraudado 11 millones de euros por el mismo concepto.
