Vodafone ha empezado a mover ficha. La multinacional británica ha despedido a varios ejecutivos de Ono presuntamente relacionados con el fraude fiscal de 60 millones de euros. Un delito que cometió la cúpula de la, por aquel entonces, compañía española, y que fue ocultado a la operadora anglosajona.
Según la noticia adelantada por El Confidencial, Vodafone ha comenzado una caza de brujas y ya ha prescindido de Pablo Freire, director de estrategia e innovación y anteriormente del área denominada Wholesale desde la que se hacía la compra y venta de minutos de llamadas internacionales sin declararlas a la Agencia Tributaria.
Otro de los directivos de la lista es Víctor Guerrero, que era director general de empresas y que había sido ascendido recientemente a la nueva estructura directiva de Vodafone como jefe de Corporate, y que, de acuerdo a las fuentes consultadas por el diario, ha pactado su salida.
En este desfile de ejecutivos hay que recordar que a finales de enero dejó la compañía Juan Luis Delgado, el anterior secretario del consejo de administración de Ono.
No son las únicas salidas que ha habido tras el turbio asunto del IVA no declarado, ya que a finales de noviembre de 2014 tuvo que abandonar la compañía José Miguel Parra, el jefe del grupo dedicado al control del tráfico de llamadas internacionales. Antes, cuando Hacienda avisó a Ono de las presuntas irregularidades, en febrero del pasado año, al poco tiempo causaron baja voluntaria Joaquín de Mier, responsable de desarrollo de negocio Wholesale Voice entre enero de 2010 y junio de 2014; Álvaro Baos, que estuvo desde febrero de 2012 al frente de esta actividad, e Iñaki López Pelegrín, que llevaba desde 2008 en esta división.
Así las cosas, tras conocerse el escándalo, Vodafone retiró las retribuciones pactadas por la operación de compraventa y despidió a Rosalía Portela, consejera delegada, y Carlos Sagasta, director financiero. Además de José María Castellano, presidente. A ellos, sin embargo, no les dio indemnización, algo que ha ocasionado que Portela y Sagasta hayan demandado a la firma británica por la vía laboral y que Castellano exija el pago de hasta 100 millones por daños al honor.
El culebrón seguirá y se prevén nuevas destituciones en breve una vez Deloitte, empresa que está haciendo el estudio pormenorizado de las personas que estaban al corriente de este pufo.
