A día de hoy no existen los mecanismos suficientes para garantizar el cumplimiento de los plazos legales en las relaciones comerciales en España. El problema se va solucionando a través de planes de pagos publicados a golpe de ley.
Según el último informe de la PMcM relativo a 2012, tras la puesta a cero conseguida con el primer plan de pago a proveedores, la Administración tardaba de media unos 141 días en pagar, y el sector privado 93, frente a los plazos exigidos para entonces por Ley de 40 y 75 días, respectivamente. Después llegó una ampliación del plan que acabó a primeros de abril y en esa misma semana el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, anunciaba otro nuevo. Celebramos su puesta en marcha porque, aunque de manera indirecta, inyectará liquidez a las empresas, pero el problema es el “de nuevo” y nada más.
Gracias al primer plan de pago, unos 115.000 autónomos y pymes cobraron sus facturas pendientes y se logró mantener o crear un total de 174.000 puestos de trabajo. Con la pasada ampliación y el recién anunciado plan ocurrirá algo parecido, aunque ya se sabe que se destinará al pago de gastos previamente realizados y contabilizados, por lo que no podrá aplicarse a atender nuevos gastos.
La intención del Gobierno es que el nuevo plan de pago a proveedores esté listo en junio mediante un Real Decreto para ponerlo en marcha el 1 de octubre. Desde la PMcM esperamos que no se necesiten más planes de este tipo en el futuro, que éste sea el último y se convierta en un punto y aparte en la lucha contra la morosidad y no en un punto y seguido, como estamos acostumbrados.
La Unión Europea ya ha anunciado que puede empezar a abrir procesos de sanción contra los países incumplidores. No debemos dejar pasar más tiempo. Es imprescindible que se establezcan las medidas necesarias para hacer cumplir los plazos de pago estipulados, tanto se trate de AA.PP. como empresas del sector privado.
Por ejemplo, con un régimen sancionador se podrían normalizar los pagos entre compañías con multas ejemplarizantes de hasta 900.000 euros, pero también proponemos la creación del Observatorio de la Morosidad que permitiría conocer con rigurosidad el comportamiento en los pagos; la generalización de la medida del IVA a todos los tipos de pymes y autónomos sin excepción; e implantar medidas no coercitivas de intermediación extrajudicial como la figura del mediador, que tanto éxito cosecha en Francia.
Si lleváramos a cabo este tipo de iniciativas podríamos encaminarnos hacia el fin de los impagos que asfixian a proveedores, en su mayoría, pymes y autónomos. Acabemos con la morosidad.
