Los cambios legislativos y normativos son un motor de digitalización en España. Y en los próximos meses tendremos dos muy importantes que impulsarán la modernización tecnológica de las empresas de este país. Son importantes porque de una manera o de otra afectan a todo el tejido productivo, desde el autónomo a la gran corporación que cotiza en el Ibex35.
Hablo, por una parte, de la obligatoriedad que tendrán todas las entidades y agentes de incluir el formato de factura electrónica en sus transacciones. Es un punto que recoge la Ley Crea y Crece, aprobada el pasado otoño y que establece un periodo de dos años a las compañías (hasta 2025) para adaptarse.
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Objetivos de la factura electrónica
El objetivo es hacer más transparentes los procesos de cobro y reducir los plazos de pago y la morosidad, un mal endémico de la economía española y que cada año pone en jaque y deja por el camino a muchas empresas viables. Eso sí, todavía está pendiente de aprobación el reglamento técnico que especificará cómo será esta factura electrónica.
Los agentes del sector no ven probable que este reglamento esté aprobado antes del verano, y apuestan más a que estará a la vuelta de vacaciones. En cualquier caso, apremian a las empresas a adoptar soluciones de e-factura y luego hacer los ajustes que convengan para adaptarse totalmente a la ley. Y desaconsejan dejarlo todo para el último momento porque, llegados a ese punto, será más difícil encontrar especialistas que adapten su software al nuevo formato y porque (no hay que olvidarlo) no facturar electrónicamente e incumplir la ley conllevará multas abultadas.
La ‘ley antifraude’ tampoco tiene reglamento (de momento)
La otra legislación que moverá la modernización de las empresas españolas será la llamada “Ley antifraude”, que también está pendiente de su reglamento técnico. En este caso, el objetivo es conectar en tiempo real la contabilidad de las compañías con Hacienda, para reducir el fraude fiscal que suponen las contabilidades paralelas, que se produce cuando se manipulan y eliminan facturas.
Los fabricantes de software deberán estar atentos para adaptar sus programas de gestión a los requerimientos técnicos que se aprueben. Y los clientes deberán también demandar un software certificado en este ámbito. Las multas para los proveedores de software que no se ajusten a la legalidad pueden llegar a los 150.000 euros. Y para las empresas usuarias, la cuantía máxima será de 50.000 euros. Conviene, pues, a todos ponerse las pilas.
