El 6 de diciembre se publicó en el BOE el RD 1007/2023 por el que se aprueban los requisitos técnicos de los sistemas Verifactu. Todas las empresas y autónomos con una facturación inferior a los seis millones de euros tendrán de plazo hasta el 1 de julio de 2025 para adaptarse a una norma que se aplicará en todo el territorio español, excepto en País Vasco, donde se aplica la normativa TicketBAI, y Navarra, que también desarrollará su propia legislación fiscal para 2026.
A nivel nacional, las empresas con una facturación superior a los seis millones de euros ya cumplen desde hace tiempo con un control fiscal similar: el Suministro Inmediato de Información (SII). De forma similar al funcionamiento de TicketBAI en el País Vasco, la “Ley antifraude” y los sistemas Verifactu nacen con el objetivo de prevenir el fraude fiscal, instando a las compañías a comunicar todas sus operaciones de venta en tiempo real a Hacienda siguiendo ciertos requisitos técnicos, como crear un archivo XML para cada transacción y encadenar las facturas.
Una de las diferencias principales entre la normativa vasca y la nacional es que la obligatoriedad de enviar los registros a la administración tributaria en tiempo real será voluntaria por el momento en el caso de la Ley Antifraude, pero el software de facturación deberá permitir ese envío si así lo requiere la propia Agencia tributaria.. Además, en el caso de que los registros se remitan sincrónicamente, en las facturas deberá incluirse un código QR y la palabra “VERI*FACTU” o la frase “Factura verificable en la Sede Electrónica de la AEAT”.
Ya no se podrá romper o eliminar una factura si contiene un error o si ya no es válida y crear una nueva para arreglarlo. A partir del próximo año, en toda España, una factura emitida será una factura declarada
Este nuevo reglamento obligará a dichas empresas y autónomos a facturar mediante un software antifraude homologado, que cumpla con todos los requisitos especificados por la Agencia Tributaria. Por lo que el funcionamiento de la facturación en España va a cambiar radicalmente en los próximos años. Y no solo por la obligación de la Ley Antifraude, sino también por la aplicación de la Ley Crea y Crece, cuya aplicación está prevista para 2025. Con esta normativa se implantará el uso obligatorio de la facturación electrónica en operaciones B2B, además de aportar información adicional sobre el estado y los tiempos de pago, que ahora se reducen para todas las empresas a un máximo de 30 días.
En este sentido, los cambios normativos se enmarcan dentro de un contexto más amplio: el de la digitalización de los procesos de facturación y fiscalización. Ya no habrá más facturas en Excel, ni en papel. Ya no se podrá romper o eliminar una factura si contiene un error o si ya no es válida y crear una nueva para arreglarlo. A partir del próximo año, en toda España, una factura emitida será una factura declarada y esto, en realidad, también beneficiará a las empresas y autónomos. Asegurarán la conversación de los registros, ganarán en transparencia y tiempos de trabajo gracias a la automatización de procesos, y mejorarán la comunicación con la Agencia Tributaria con acceso directo a autoliquidaciones y libros, algo tremendamente beneficioso en el caso de una posible inspección.
Son muchos los clientes y empresas que acuden a nosotros buscando una solución fiscal especializada, pero aún existe bastante desconocimiento sobre estas normativas de aplicación inminente. Como sector, debemos tomar esa responsabilidad e informar y formar al tejido empresarial español, para que vayan de la mano de un partner de confianza en el desarrollo de todos estos cambios. Y, aunque es cierto que la implementación de estos nuevos procesos va a suponer un reto para la mayoría de empresas, existen opciones en el mercado perfectamente cualificadas para hacer esta transición muchísimo más fácil.
Desde Fiskaly, ofrecemos nuestro expertise en el mercado europeo y español para guiar tanto a empresas desarrolladoras de software como a autónomos y pymes en esta nueva etapa de digitalización fiscal y económica. Confiamos en que un esfuerzo común nos llevará, como ya ha sucedido en otros mercados, a una mejora en la economía del país, así como a conseguir un tejido empresarial más sólido y fortalecido
