Si se miran las grandes cifras, se puede decir que el sector informático español va dejando atrás la crisis. Según la patronal Ametic, esta industria creció en 2016 por tercer año consecutivo y ha recuperado los niveles de ingresos de 2010. La bonanza se empieza sentir en las inversiones de las empresas, sobre todo de las pymes, y hasta cierto punto en los hogares.
Sin embargo, hay un sector que todavía no se ha sumado a la fiesta: la Administración pública. El pasado verano, el Gobierno recortó drásticamente el gasto, y muchos proyectos tecnológicos quedaron paralizados. En los últimos meses, la inversión se ha ido recuperando, pero muy lentamente. En un momento en que la necesidad de digitalización de empresas, instituciones y ciudadanos es perentoria, el sector público anda con las manos atadas por las restricciones presupuestarias de Bruselas y por la incertidumbre política de un Gobierno que sigue en una posición muy débil.
En los últimos tiempos, el gasto TI se ha dedicado en ministerios, consejerías y ayuntamientos de todo el país a parchear y mantener los sistemas funcionando, pero no a innovar y a cambiar procesos para dar una mejor atención a los ciudadanos. La recuperación del sector informático nacional no será completa hasta que el sector público, que representa aproximadamente un 30% de la demanda, espabile. Buena parte del negocio de fabricantes y grandes integradores depende del BOE.
Sin embargo, no está claro que esa recuperación vaya a llegar este año, y para que sea una realidad el que viene todavía quedan muchas interrogantes por despejar. De todas formas, la renovación de los sistemas en nuestras instituciones y la llegada del cloud, el big data o la seguridad exigida por la normativa europea (GDPR) no se puede seguir posponiendo sine die. El futuro del país está en juego.
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[En el número 177 de CHANNEL PARTNER, que estará disponible a principios de mayo, daremos un amplio reportaje sobre la evolución última de la inversión tecnológica del sector público en España].
