En el próximo número de CHANNEL PARTNER analizamos uno de los problemas eternos de la economía española, y que afecta gravemente a la solvencia y tesorería de las compañías, incluidas las tecnológicas y las del canal informático. Hay que decir que la situación de los plazos de pago ha mejorado sensiblemente en el sector público (¡aunque todavía son de 82 días!), gracias sobre todo al efecto de los planes de pago a proveedores del Gobierno, destinados a desatascar los cajones llenos de facturas de ayuntamientos y Comunidades Autónomas.
Sin embargo, se han alargado los periodos de abono de las facturas en el sector privado: 89 días, casi tres semanas por encima del límite legal. Especialmente clama al cielo la parsimonia de las grandes corporaciones de este país. Es intolerable que las grandes compañías, que al fin y al cabo son las más dotadas financieramente, sean los peores pagadores, poniendo contra las cuerdas a sus proveedores, generalmente pequeñas entidades con una tesorería casi siempre complicada.
Ante este panorama, son muchos los que piden un fuerte régimen sancionador para revertir las cosas. En muchos casos, la ley actual (que establece un plazo máximo de pago de 30 días en la administración, y de 60 días en la empresa privada) es papel mojado. En CHANNEL PARTNER estamos de acuerdo. Creemos que en este ámbito se podría seguir el ejemplo del tráfico, que hasta que no incorporó el carnet por puntos y un régimen de penas más duro, siempre fue coto de imprudentes. Eso no obsta para que se tomen otras medidas.
Desde la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), que también da su punto de vista en el próximo número de nuestra revista, sugieren potenciar la figura del mediador extrajudicial, algo que ha funcionado en otros países europeos, crear un mecanismo que asegure que los contratistas paguen a sus subcontratas, o desarrollar un observatorio que nos diga en cada momento la evolución de los plazos.
En cualquier caso, conviene mantener vivo el debate y exigir a los políticos una actuación en este sentido. Al fin y al cabo, la competitividad del país está en juego. Y es que prolongar los plazos de abono de las facturas conlleva altos costes financieros que reduce las ventajas competitivas de las compañías y les obliga a endeudarse más y, en última instancia, a cerrar. Según la PMcM, la morosidad ha causado el cierre de 400.000 empresas –principalmente pymes- en España desde el inicio de la crisis.
También conviene poner en marcha campañas de concienciación, pues el problema es también “cultural” y la demora (muchas veces injustificada) en pago está legitimada por la sociedad. Al fin y al cabo, y como nos recuerda un experto, aquí ser moroso es casi ser simpático.
