Las dificultades crediticias continúan atenazando a los partners del sector, incapaces de ver salida a la crisis si no se toman medidas urgentes dirigidas a reducir los elevados plazos de pago y paliar en alguna medida la carencia de crédito que impide llevar a buen puerto los proyectos de actualización tecnológica. La Administración continúa siendo el principal responsable de esta lamentable situación que implica demoras en los cobros superiores a los 150 días y, por tanto, retrasos inexplicables en la puesta al día de las facturas con los proveedores. En el caso de la empresa privada la situación no es mucho mejor y responde a una dinámica perniciosa heredada de las malas prácticas del Gobierno.
De forma incomprensible en los últimos tiempos los plazos se han elevado aún más a pesar de estar vigente la ley que obliga al sector público y privado a pagar en 30 y 60días, respectivamente. El aumento de los plazos son consecuencia de la errática política de la Administración que en primer momento actuó con celeridad y diligencia a la hora de saldar la elevada deuda contraída con los proveedores, pero que posteriormente no tuvo la continuidad deseada. Para la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad esto representa una enorme irresponsabilidad que debe subsanarse a la mayor celeridad. Sin embargo, y en línea con la errática política del Gobierno, hace tan solo unos días el ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, anunciaba la decisión de comenzar a pagar a 30 días antes del verano “en cumplimiento con la ley de la morosidad”. Las fuentes consultadas consideran imposible que pueda aplicarse esta medida, pero al menos el efecto mediático ha sido positivo. Los riesgos, además podrían ser menores si se aplicara un régimen sancionador que implicara la imposición de multas y otras medidas coercitivas
En el canal de distribución, compuesto sobre todo por pymes, esta decisión aliviaría considerablemente los problemas de liquidez que tienen estas empresas, muchas de las cuales han apostado por el mayor control y rigor para garantizar los pagos, lo que ha redundado en efectos muy positivos. Mayoristas como Tech Data o integradores como Tecnocom han conseguido reducir a 70 días los plazos de pago de sus clientes y aproximar esa cifra a la recomendada por la ley. La pregunta que planea en el aire es, ¿si las empresas pueden tener mayor rigor por qué no puede el Gobierno?
