El tamaño de las nuevas empresas en concurso de acreedores se ha reducido considerablemente en 2015. Esa es una de las conclusiones del anuario del Colegio de Registradores de España, que alerta de que el último ejercicio marca una disminución muy importante en el tamaño patrimonial y la actividad de las nuevas concursadas. Según el informe, la cifra media de negocios de las empresas que entraron en insolvencia judicial en 2015 fue de 380.000 euros (frente a los 670.000 euros de 2014) un pasivo de 3.000.000 (frente a los 6.100.000 en 2014) y seis empleados (ocho en 2014).
La sociedad mercantil tipo que se declaró en concurso en 2015 tenía una antigüedad media de 13 años y pertenecía al sector servicios. La situación financiera de estas empresas es ya muy precaria cuando alcanzan el concurso, lejos de la cultura anglosajona de acudir a concursos para reestructurar la actividad en las fases iniciales de las insolvencias. El 65% de las empresas no generaba ya recursos positivos y solamente el 10,2% contaba con capacidad financiera suficiente para alcanzar un convenio dentro de los límites marcados por la Ley Concursal.
La proporción de convenios con vistas a continuar con la actividad de la empresa se mantuvo en el 7,5%. El 80,3% de los casos entraron en liquidación directa con la declaración del concurso, el 7,3% tras la apertura de una fase de convenio previa y el 4,9% tras un convenio aprobado. En otras palabras el predominio de la liquidación como solución para la sociedad que entra en concurso se confirma como una característica estructural del sistema procesal español: 92,5% de los casos.
En el listado de empresas que adeudan a Hacienda se incluyen compañías TIC que en su momento se declararon en concurso de acreedores y que finalmente no fueron capaces de sacar un plan de viabilidad adelante. Es el caso de Sintel o Cesser, el que fuera uno de los principales partners de Microsoft en la Comunidad Valenciana
