Según un estudio conducido por Seres la factura electrónica está ampliamente extendida en todos los países que conforman el continente. En la actualidad, el 100% de los países europeos hacen uso de la e-factura en sus transacciones comerciales, siendo obligatorio el uso de la facturación electrónica para el 80,43%, mientras que el 19,57% de los países la utilizan de manera voluntaria. Sus importantes ventajas en un contexto de digitalización de las relaciones comerciales, impulsado a su vez por el estallido de la pandemia, ha reforzado su masificación a nivel internacional impulsando su uso a través de leyes y decretos gubernamentales, en unos casos, o por iniciativa propia del mercado en otros países.
La Comisión Europea lleva muchos años actuando como agente dinamizador de la factura electrónica, lo que ha convertido a la Unión Europea (UE) en un referente en el ámbito de la implantación y el uso de la e-factura. De hecho, la factura electrónica está posicionada dentro de la Agenda Digital Europea como un elemento tractor y facilitador de las relaciones internas en el mercado común y de la competitividad de las empresas de la zona.
Italia y España se han convertido en países pioneros en apostar por la introducción de la factura electrónica en el ámbito B2B
El 2020 ha sido un año fundamental en lo que respecta a la masificación de la factura electrónica en la Unión Europea debido a que, desde abril del pasado año, todas las Administraciones Públicas de la Unión, tanto centrales como regionales y locales, están obligadas a recibir y procesar facturas en formato electrónico.
Los buenos resultados y múltiples beneficios que ha tenido en las contrataciones públicas de la Unión Europea en el ámbito B2G ha hecho que algunos países, entre los que destacan Italia y España, hayan avanzado en su masificación de uso implantando la factura electrónica también en las contrataciones entre empresas, es decir, en la relación B2B.
Italia y España se han convertido en los principales referentes a nivel europeo, siendo ambos países pioneros en apostar por la introducción de la factura electrónica en el ámbito B2B. Así, en España, Desde el 1 de julio de 2018, las empresas subcontratadas que trabajan para proveedores de las Administraciones Públicas están obligadas a facturar electrónicamente a los contratistas cuando el importe de los trabajos o servicios supera los 5.000 euros. Para ayudar a los subcontratistas en esta nueva obligación y facilitar el intercambio de las facturas electrónicas, la AEAT ha puesto a disposición de los operadores económicos y particulares un Registro Electrónico Único, también conocido como FACeB2B.
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