Con el objetivo de reducir en 10 puntos el porcentaje de software ilegal que se distribuye en España, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio con la colaboración de AETIC y la BSA- ha puesto en marcha una campaña de sensibilización dirigida a los distribuidores de informática de todo el país. La iniciativa es parte del Plan Avanza y entre las diversas acciones contempladas destaca la celebración de seis jornadas en grandes ciudades de la geografía española a las que estarán convocadas el conjunto de los partners TIC, unas 12.000 empresas. Con una inversión inicial de 200.000 euros, la campaña tiene en la web www.100por100legal.es una de las principales plataformas para información, noticias y descargas de documentación, cursos de formación, preguntas frecuentes y asesoría legal y comercial. Los resellers que se adhieran a la iniciativa contarán con un sello distintivo “Software 100% legal”, que les permitirá identificarse de los distribuidores fraudulentos.
Como explicaba Luis Frutos, presidente de la BSA, el objetivo final de esta iniciativa es romper la inercia negativa que representa la piratería de software. El reto es reducir el 46% de copia fraudulenta en el plazo de los próximos dos o tres años con el objetivo de equipararnos a los países europeos más avanzados en esta materia.
Conscientes de que las agresivas campañas anteriores no han dado los resultados apetecidos, la BSA ha decidido lanzar un mensaje más constructivo que apele a las ventajas económicas del uso legal de software. “Estábamos enquistados en las cifras de piratería y por eso hemos decidido cambiar de estrategia”, explica Luis Frutos al respecto.
Los encuentros para distribuidores se celebrarán una vez al mes hasta el próximo mes de noviembre y tendrán lugar en Valencia, Bilbao, A Coruña, Barcelona, Sevilla y Madrid. Los ponentes de las jornadas serán expertos, consultores y escuelas de negocios que alaben las virtudes de utilizar software lícito como fórmula idónea para mejorar la rentabilidad. Esta campaña coincide en el tiempo con otra de similar naturaleza abanderada por el Ministerio de Cultura pero dirigida al usuario final y concretamente a la pyme.
De acuerdo a un estudio de IDC casi la mitad de los puntos de venta distribuye software no legal, el 80% de los usuarios utiliza copias piratas, el 75% de las pymes trabaja con programas no legales y las pérdidas de la industria ascienden a 600 millones de euros. Además, de acuerdo a este informe, si el índice de piratería se redujera en 10 puntos de aquí a tres años, se crearían 4.000 puestos de trabajo, la economía española crecería en 2.600 millones de euros y el Estado recaudaría 445 millones de euros más.