El año pasado la Business Software Alliance (BSA), asociación de proveedores cuyo objetivo es la lucha contra el pirateo de programas informáticos, recibió más de 3.000 denuncias a diferentes compañías que dieron como resultado 2.270 acciones legales emprendidas contra el uso fraudulento de programas en la región EMEA. Como resultado de estas acciones, las empresas de la región tuvieron que pagar 12 millones de euros.
En España, el coste del software pirata –en concepto de indemnizaciones, multas y legalizaciones- se incrementó un 17% respecto al año anterior, pasando de 546.213 euros en 2010 a 648.589 euros en 2011.
Cabe destacar el caso Cemosa, donde una investigación realizada a dicha compañía de ingeniería destapó el uso fraudulento de programas necesarios para el desarrollo de la actividad de la empresa. En contrapartida, la firma aceptó compensar a los proveedores de software perjudicadas con un montante que ascendio a 562.000 euros entre indemnizaciónes y legalización.
“Estas cifras ponen de relieve los grandes riesgos legales y económicos a los que se exponen las empresas usando software sin licencia. El hecho de que una empresa se vea obligada a indemnizar por daños y perjuicios, además de tener que pagar por las licencias de uso que debería haber adquirido en su momento, puede llegar a poner en peligro su viabilidad”, comenta Carlos Pérez, socio de Ecija, bufete de BSA en España. Además, el uso de software sin licencia en entornos corporativos es causa de pérdida de datos, fallos críticos del sistema de TI de la empresa o de mayor exposición de los equipos informáticos a ataques de malware.
