El Gobierno español aprobó el pasado 11 de marzo de 2025 un anteproyecto de ley que regula el uso de la inteligencia artificial (IA). Este texto busca adaptar la legislación española al Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, vigente desde el 1 de agosto de 2024 y considerado pionero en su área. Su objetivo es asegurar un uso ético, inclusivo y beneficioso de esta tecnología, según destacó Óscar López, ministro para la Transformación Digital.
Este anteproyecto de ley se tramitará por la vía de urgencia. Ahora deberá seguir los trámites administrativos habituales antes de su aprobación definitiva por parte del Consejo de Ministros, prevista para los próximos meses. Una vez superado este proceso, la propuesta se enviará a las Cortes para su discusión y posterior aprobación.
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Prohibiciones y sanciones del nuevo anteproyecto de ley
Entre las medidas destacadas, se encuentra la obligación de identificar claramente los contenidos generados mediante inteligencia artificial, conocidos popularmente como deepfakes. El etiquetado debe realizarse de manera visible desde la primera interacción. Sin embargo, aún no se especifica cómo será este etiquetado, tarea que quedará a cargo de la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA).
Desde el pasado 2 de febrero, existen prácticas con IA completamente prohibidas en España, como el uso de técnicas subliminales para manipular decisiones sin consentimiento. Un ejemplo sería un chatbot diseñado para incitar al juego a personas con problemas de adicción. También se prohíbe la clasificación biométrica de personas por raza, religión u orientación política y sexual, así como sistemas que puntúen a individuos según su comportamiento social para denegarles préstamos o subvenciones.
El régimen sancionador previsto para incumplir estas prohibiciones contempla multas severas, que oscilan entre los 7,5 y 35 millones de euros, o entre el 2% y el 7% del volumen de negocio mundial del ejercicio anterior de la empresa responsable, si esta última cifra es superior.
Supervisión estricta para sistemas de alto riesgo
Además, el texto introduce el concepto de sistemas de alto riesgo, que requerirán supervisión constante y estrictos controles de calidad. Aquí entran productos industriales, médicos, educativos, financieros, así como sistemas utilizados en la gestión fronteriza y la justicia. Incumplir estas obligaciones implicará multas de entre 500.000 euros y 15 millones de euros, según la gravedad de la infracción.
Las autoridades encargadas de vigilar el cumplimiento de estas normativas serán múltiples y especializadas por sectores. Por ejemplo, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) supervisará sistemas biométricos y gestión fronteriza. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) vigilará la IA aplicada en procesos judiciales, y la Junta Electoral Central supervisará aquellos que puedan afectar a procesos democráticos.
España también se adelanta al cumplimiento del reglamento europeo creando un sandbox de IA, un entorno de pruebas controlado. Esta iniciativa comenzó en diciembre de 2024, seleccionando hasta 12 sistemas de alto riesgo para validar su seguridad antes de salir al mercado. Esta experiencia permitirá establecer guías técnicas específicas antes de la obligatoriedad total prevista por la UE para agosto de 2026.
Este anteproyecto representa un paso fundamental en la protección de los derechos digitales y busca evitar abusos potenciales derivados del mal uso de la inteligencia artificial. Pilar Alegría, portavoz del Gobierno, destacó que España se sitúa así a la vanguardia mundial, presentando un «texto pionero» para garantizar un uso positivo de esta poderosa tecnología.
