Gestha aplaude la iniciativa del Gobierno de emprender un nuevo plan de lucha contra la economía sumergida, ya que las distintas bolsas de dinero negro suponen una ‘auténtica lacra’ para las arcas públicas pero también para el conjunto de la sociedad española.
Gestha entiende que esta medida es especialmente necesaria en un país como España, donde la tasa de fraude se sitúa en el 23,3 por ciento del PIB, diez puntos por encima de la media de los países de nuestro entorno, como Alemania o Francia, lo que se traduce en unos 245.000 millones de euros anuales que escapan del control del Fisco.
En opinión de este colectivo, la aplicación de medidas adecuadas para atajar la economía sumergida permitiría aumentar la recaudación en 38.500 millones de euros anuales, lo que a su vez contribuiría a recortar el déficit del conjunto de las AA.PP. en torno a un 40 por ciento. De esta forma, se podrían reducir las tensiones de la deuda pública y privada, y evitar recortes sociales como la congelación de las pensiones o el retraso de la edad de jubilación.
Con el objetivo reducir la economía sumergida al nivel de la media europea, los Técnicos de Hacienda proponen actuar en cuatro frentes: mejorar la colaboración entre las distintas AA.PP. con la creación de una base de datos compartida; aumentar la responsabilidad de los técnicos en el control del fraude y la evasión fiscal a través creación de un Cuerpo Superior Técnico de Hacienda (CSTH); cuantificar periódicamente la economía sumergida mediante estudios y estimaciones plurianuales y, finalmente, garantizar el control parlamentario para fijar el objtivo de reducción del fraude.
Las amnistías fiscales, una herramienta ineficazPor otro lado, los Técnicos de Hacienda consideran que la aplicación de amnistías fiscales para hacer aflorar la economía sumergida no es la herramienta adecuada para hacer emerger las bolsas de dinero negro, como demuestran los resultados de las regularizaciones emprendidas a lo largo de las pasadas décadas.
A juicio de Gestha, ninguna de las amnistías aprobadas anteriormente, como las de 1984 y 1991, fueron realmente eficaces a la hora de evitar el fraude debido a que no se corrigieron los defectos de gestión que, a la larga, permiten que esta práctica siga produciéndose.
Además, este tipo de actuaciones suponen un agravio comparativo hacia los asalariados y las rentas de trabajo que se encuentran bajo el control exhaustivo de la Agencia Tributaria, en lugar de concentrar sus investigaciones en los principales focos de economía sumergida, como las operaciones de compraventa inmobiliaria de carácter especulativo o aquellos profesionales liberales que trabajan por su cuenta y que, en ocasiones, no emiten factuas por sus honorarios completos.
