La Policía Nacional ha detenido a 13 personas, e imputado a 7 más, como presuntas autoras de un fraude de 11 millones de euros a la Hacienda Pública. La estafa se ha prolongado durante cinco años fiscales (desde 2005 a 2009), etapa en la que no realizaban el pago del IVA en la comercialización de aparatos electrónicos comprados en el mercado intracomunitario y vendidos finalmente en España. La investigación, que sigue abierta, se ha llevado a cabo gracias a la denuncia de la Inspección Regional de Cataluña de la AEAT y requirió de una reunión de trabajo previa, celebrada en sede de Eurojust en La Haya, al estar involucradas otras sociedades de la Unión Europea. Además, se tratará de determinar si los centros comerciales que vendían los productos estaban al tanto de la estafa. La operación se ha llevado a cabo por agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Discal (UDEF) con la colaboración de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña y de la Agencia Tributaria. Los arrestos se han producido en Madrid, Marbella, Guadalajara, Alicante y Barcelona. Asimismo, se han practicado ocho regsitros en domicilios y sedes de empresas en Madrid, Guadalajara y Barcelona. Los miembros de la red se valieron de 14 sociedades y 8 empresas, denominadas “pantallas” o “truchas” e el argot policial, para proveerse de la mecancía en el marco del mercado europeo. Al no pagar el IVA conseguían los productos más baratos y posteriormente los vendían en España a un precio inferior a del mercado. La empresa defraudadora había formado parte de una estructura mercantil creada para el “fraude carrusel de IVA” en 2005, en el que participaron mercantiles de Francia y Chipre además de las sociedades españolas. El engaño consiste en en la circulación repetida de la misma mercancía entre sociedades de varios países de la Unión Europea, con la única finalidad de defraudar a la Hacienda Pública mediante devoluciones indebidas de IVA.
Este tipo de delincuecia se ha ido renovando y sofisticando con el paso del tiempo, con el objetivo de esquivar las investigaciones policiales. Por ello, algunas de las sociedades “truchas” utilizaban en sus transacciones cuentas bancarias ubicadas en Lituania, desde donde se efectuaban los pagos y cobros.
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