Según recoge elpais.com, el Juzgado de lo Penal número 16 de Barcelona ha condenado a tres años de prisión a un directivo que, durante los últimos días que estuvo trabajando para Alten España de Estudios, Servicios y Proyectos, recopiló y filtró datos para otra compañía de la competencia mientras negociaba con ella las condiciones laborales de su nuevo empleo.
Se trata de una sentencia sin precedentes por espionaje industrial en nuestro país y dictamina que la información revelada tenía “un alto valor económico”, por lo que también condena al ejecutivo a indemnizar a su ex empresa por el perjuicio ocasionado. De acuerdo con el periódico, la juez no ha cuantificado tal cantidad y se remite a la ejecución de la sentencia que, dicho sea de paso, puede ser recurrida ante la Audiencia de la capital catalana. Asimismo, le impone al antiguo empleado las costas del proceso.
Los hechos fueron los siguientes. El 16 de octubre de 2006, Pedro M. K. fue contratado de manera indefinida por la multinacional dedicada a la consultoría e ingeniería en altas tecnologías (una compañía que cuenta con fuertes alianzas con fabricantes como Oracle, SAP, Microsoft, IBM, HP o Sun Microsystems). El acusado suscribió expresamente una cláusula de confidencialidad profesional en virtud de la cual se comprometía a “guardar total discreción sobre los datos técnicos o comerciales que conocerá por el ejercicio de sus funciones” pero al cabo de un año, empezó a vulnerar ese compromiso cuando supo que se había constituido en la ciudad condal la sociedad 2001 Lagan 2007, con idéntico objeto social.
Así las cosas, la sentencia declara probado que, entre el 30 de octubre y el 7 de noviembre de 2007, el manager reenvió desde el ordenador de su empresa a sus cuentas personales “datos de clientes, currículos de ingenieros trabajadores de Alten, ofertas o propuestas de ejecución de proyectos enviadas a sus clientes o solicitudes de propuestas de ejecución técnicas remitidas por ellos”. Al día siguiente de finalizar la filtración de documentos, Pedro M. K. causó baja voluntaria, firmó el finiquito y comenzó a trabajar para la sociedad a la que había revelado toda la información recopilada. Entre los correos electrónicos remitidos figura uno relativo a la negociación de sus condiciones salariales en vista a su futura incorporación, por lo que la sentencia considera que “no cabe duda del propósito de servirse de esa información en la nueva empresa”.
La juez considera que se cometió un delito tipificado en el artículo 279.1 del Código Penal, que castiga con penas de dos a cuatro años de cárcel “la difusión, revelación o cesión de un secreto de empresa llevada a cabo por quien tuviere legal o contractualmente obligación de guardar reserva”. La fiscalía y la acusación particular coincidieron durante el juicio en reclamar la pena de tres años de cárcel, que es la que finalmente se ha impuesto, además de una multa de 6.000 euros.
Por su parte, el ex directivo, que tiene ahora 35 años y dejó de trabajar para la nueva empresa a la que había chivado información, confesó en el juicio que lo hizo y que remitió los datos a sus cuentas de correo personal. No obstante, justificó estos actos alegando que pretendía “cubrirse las espaldas” porque iba a ser despedido y temía que no se le indemnizara.
La Audiencia de Barcelona estudiará en los próximos meses el recurso contra la condena, en el que se argumenta que no se ha podido probar que la información sustraída fuera entregada a la nueva empresa.
